Un docente de la ULPGC analiza la protección de los menores extranjeros no acompañados que llegan a Canarias

27 Sep 2024

Lucas Pérez Martín examina la situación de estos menores desde la perspectiva de las competencias administrativas y la del interés superior del menor

Lucas Andrés Pérez Martín, profesor de Derecho Internacional Privado en la ULPGC, analiza en el artículo “Llegada de menores extranjeros no acompañados a España: entre protocolos y derechos”, publicado en la plataforma de divulgación The Conversation, la situación jurídica en la que se encuentran estos menores una vez llegan solos a nuestro país. 

El profesor inicia su texto aclarando la doble dimensión desde la que es preciso abordar la llegada de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados: de un lado, la dimensión interna, que atañe a las competencias administrativas, y de otro la externa, la que se refiere a su protección internacional. Ambas deben tender hacia la salvaguarda del interés superior del menor.

Tras su llegada, el Estado tiene la obligación de comprobar que es menor, mediante pruebas para determinar la edad si es necesario, y si no está acompañado, “las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deben estudiar si sufre una especial vulnerabilidad por poder ser víctima de trata o tener derecho al asilo”. En cualquier caso, el menor tiene que ser “reseñado en su identidad, y si está sin parientes, registrado en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (MENA), todo ello competencia estatal”.

Si los menores no tienen circunstancias de especial riesgo, se les aplica la Convención de los Derechos del niño y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, que les otorgan una protección cualificada. En ese momento el menor es entregado a la Comunidad Autónoma a la que ha llegado, que es quien tiene las competencias en materia de protección de menores en desamparo, condición que se presume en los menores migrantes no acompañados: “esta protección exige facilitarle sustento, asistencia médica, educación y una formación”.

La situación de cada menor debe ser analizada individualmente, con información al mismo mediante traducción. El trámite administrativo es complejo y cuando se dan picos de llegadas numerosas de menores, imposible de cumplir. En el momento en que se publica el artículo, de los 12.800 niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que hay en nuestro país, 5.300 están en Canarias, lo cual supone que “el 1,5% del territorio español y el 4% de la población gestiona casi el 50%”.

Pérez Martín señala que, a pesar de doblar los recursos de emergencia (de 40 a 80), Canarias está viendo desbordada su capacidad de acogida, y en este contexto, “la última guerra de los protocolos y las denuncias cruzadas no tiene sentido y debe finalizar. No solucionan nada. Solo empeoran la situación”.

A juicio del profesor, ambas Administraciones se equivocan: el Estado al exigir a Canarias que reciba y atienda a los menores, y Canarias al afirmar que no acogerá a los menores sin expediente de desamparo y si no tiene plazas disponibles. Por ese motivo, urge a los dos lados a acordar “un procedimiento sencillo y rápido para la correcta, individual e informada reseña de los [menores] y para que tras esta sean acogidos por la comunidad autónoma”.

El protocolo aprobado por el Gobierno de Canarias el 10 de septiembre, entiende Pérez Martín, “acierta en detallar los requisitos de reseña y registro informados al menor previos a la entrega, y se equivoca claramente en condicionar la recepción de los [menores] a la existencia de un expediente de desamparo y de plazas disponibles”. Ello ha llevado a una suspensión cautelar provisional “inaudita” por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Lucas Pérez Martín concluye su artículo haciendo un llamamiento a que “las Administraciones públicas comiencen a cumplir la ley y a colaborar y que la quinta economía de Europa, decimocuarta del mundo, un Estado desarrollado y moderno de 50 millones de habitantes, acredite que puede gestionar la estancia en su territorio de 12 800 niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados”.

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