Una profesora de la ULPGC analiza en The Conversation el papel de los patrimonios públicos de suelo en la crisis de la vivienda en España

14 Ene 2025

Carmen Esther Falcón Pérez defiende una mayor inversión pública en vivienda social y una gestión más eficaz del suelo público

La profesora de Economía Financiera y Contabilidad de la ULPGC Carmen Esther Falcón Pérez suscribe en la plataforma de divulgación The Conversation el artículo “La gestión del suelo público y la crisis de la vivienda en España”, en el que analiza estos dos factores para conocer la relación entre ambos ante uno de los mayores desafíos económicos y sociales que afectan al país.

La autora comienza citando un dato relevante, y es que la vivienda social en España representa uno de los porcentajes más bajos de Europa, apenas un 2’5%. Eso impide “ofrecer soluciones a una buena parte de su población para cubrir sus necesidades habitacionales”.

Para analizar si la gestión del suelo público ha servido para la creación de viviendas de protección pública y cómo se relaciona este hecho con la crisis de vivienda actual, Falcón Pérez recurre a la figura de los ‘patrimonios públicos de suelo’ (PPS): “un porcentaje de entre el 5 y el 15 % de la edificabilidad media del proyecto en suelo urbanizable” que los promotores de actuaciones de transformación urbanística, en cualquiera de sus formas, tienen obligación de entregar a las administraciones municipales, para conformar un patrimonio público con el fin de “relajar las tensiones en el mercado inmobiliario y dotar a los municipios de reservas de suelo”.

Los gestores públicos se comprometen a destinar ese suelo a usos reglamentariamente fijados como “construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública y obras de interés social o de protección de espacios naturales”. Sin embargo, como ha podido constatar el Tribunal de Cuentas, la gestión de los PPS ha sido ineficaz por no contemplarlos como bienes separados, como obliga la ley, o no disponer de inventarios actualizados.

Además, estos PPS se han destinado a usos que no eran los comprometidos, ya que a partir de la crisis de 2008 se permitió que los Ayuntamientos los convirtieran en mecanismos de financiación, por ejemplo vendiéndolos a fondos de inversión para sanear las arcas municipales y/o cancelar deuda. Esta medida va en contra del propósito original de los PPS pero se adoptó para cumplir con la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera.

Carmen Esther Falcón Pérez concluye que la escasez de vivienda social en nuestro país está causada por la inadecuada gestión del patrimonio público de suelo así como por la falta de promoción de vivienda protegida, en la que entiende que debe invertirse más al tiempo que se gestiona de forma más eficiente el suelo público, con mayor transparencia.

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